HAY UN RIESGO GRANDE de que el nuevo Estatut o no llegue a existir o no represente un progreso real, o incluso que pueda ser una involución
HAY SECTORES QUE HAN contribuido a crear la falsa idea de que la política de solidaridad no está sujeta a revisión cuando ya ha cumplido sus objetivos
JORDI PUJOL - 22/08/2005
La reclamación por parte de Catalunya de la reforma del Estatut ha desencadenado múltiples reacciones en el conjunto de España.
1. En primer lugar ha provocado que muchas comunidades autónomas reclamen también un nuevo Estatuto. Esto ya sucedió entre 1978 y 1982. Por otra parte, la generalización autonómica, en sí misma positiva, tal como se aprobó consagró el llamado café para todos.
Este planteamiento no era el que convenía a Catalunya, pero lo aceptó - aparte de otros motivos más coyunturales- por dos razones: porque el momento político era de muy alto riesgo involutivo y porque, como perspectiva positiva de futuro, la Constitución y el propio Estatut catalán contenían posibilidades de desarrollo y aplicación en un sentido diversificado y de acuerdo con la vocación autonómica de cada comunidad. Pero en general se ha impuesto una versión de la Constitución en la línea homogeneizadora y de no reconocimiento de los hechos diferenciales.
2. Ahora son ya varias las autonomías que sin haber planteado durante años reclamaciones especiales piden un nuevo Estatuto. Lo hacen con la obsesión de la igualdad competencial, y siempre con el ojo puesto en Catalunya. Es lo que García Añoveros denominó la "autonomía por arrastre".
Esto ha sido siempre bien visto por la Administración central, fuese cual fuese el color político del Gobierno.
Porque en la práctica ha representado un freno al autogobierno y a la afirmación de la identidad de Catalunya. Y ha permitido un mayor control de la organización autonómica en general. No olvidemos que el momento de mayor coincidencia de los grandes partidos españoles (entonces UCD, PSOE y AP) fue la Loapa, que pretendía, ya entonces, cerrar el proceso autonómico con una interpretación armonizadora y reguladora a la baja.
3. Finalmente, este proceso ha acentuado dos puntos de confrontación entre Catalunya y el resto de España.
En primer lugar, el rechazo político y de opinión pública en general, en España, al reconocimiento de una personalidad propia de Catalunya. Esto no es un hecho nuevo. La idea dominante en España ha sido la de homogeneización y de rechazo radical a mantener esta personalidad diferenciada y más todavía a darle un reconocimiento político e institucional dentro del propio Estado.
Y todo ello a pesar de que el catalanismo siempre ha añadido a su reivindicación cultural, lingüística, política e institucional su voluntad de contribuir al progreso y a la modernización de España. Contribución que, por cierto, ha sido especialmente importante durante los últimos treinta años. Y de ello puedo dar particular testimonio.
En segundo lugar, hoy más que nunca, en el resto de España se tiene a Catalunya por un país insolidario. Contra toda lógica y contra toda evidencia, porque esto no sólo va en contra de la aritmética, sino contra lo que ha sido la evolución española durante los últimos treinta años. Es mérito de España, de toda España, haber sabido aprovechar una serie de hechos favorables (evolución económica, modernización de la sociedad, beneficios de la integración europea...) para impulsar un gran desarrollo de todo el territorio. A esta transformación ha contribuido de una forma importante la aportación solidaria de Catalunya. Lo cual es justo, y Catalunya nunca ha discutido que así debía ser. Lo que discute es que las políticas de solidaridad deban ser de duración indefinida y no sujetas a revisión cuando han cumplido buena parte de sus objetivos, que afortunadamente es el caso de España. Y también discute que las políticas de solidaridad lleguen a afectar seriamente el desarrollo de las partes contribuyentes e incluso la atención debida a sus ciudadanos. Que es lo que ahora ocurre en Catalunya.
4. Todo ello ha conducido a que pese a la aportación solidaria de Catalunya, y a su muy importante contribución a la estabilidad y a la gobernabilidad del Estado, hoy impere en España un estado de ánimo hostil hacia Catalunya y hacia sus reivindicaciones. Y ello a pesar de que estas reivindicaciones no las formula un Gobierno catalán estrictamente nacionalista, sino un Gobierno con presidencia y peso principal de signo socialista y estrechamente vinculado al actual Gobierno español.
5. En estas condiciones, cerrar el pleito autonómico catalán, y al propio tiempo en toda España, comporta un riesgo importante, por lo menos para Catalunya.
Esto no significa que no deba intentarse. Debe intentarse. Seriamente. Y en eso estamos.
Pero conscientes de que, si bien la circunstancia política es más favorable que en otras ocasiones, ahora advertimos - debo decir que con tristeza- que no se ha avanzado en lo referente al concepto de Catalunya en el resto de España. Puede incluso que se haya retrocedido. Especialmente en los aspectos antes mencionados de la personalidad diferenciada de Catalunya y de su solidaridad (y por consiguiente de su financiación).
En estas condiciones, hay un riesgo grande de que el nuevo Estatut o no llegue a existir o no represente un progreso real o incluso de que represente una involución. Y en cualquier caso, con la presunción muy fundada de que si el progreso se cierra, se cierre mal. En falso.
6. Todo ello comporta dos grandes retos (o quizá dos oportunidades). El primero sería que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero fuese capaz de dirigirse en términos políticos, también pedagógicos, a la opinión pública y a la clase política española explicando con total claridad, no solamente con buen talante, que la tan llevada y traída pluralidad española no es maquillaje, sino que en el caso de Catalunya responde a la existencia de una personalidad colectiva consistente y arraigada. Y que esto produce una vocación autonómica muy distinta de la de otras comunidades. Por ejemplo, Catalunya reclamó la competencia en prisiones. Nadie más la ha reclamado. ¿Por qué? Porque para Catalunya el autogobierno significa asumir el máximo posible de responsabilidades, también las que dan muchos más disgustos que alegrías y no comportan votos ni actuaciones agradecidas, pero que afectan a ciudadanos de Catalunya. Lo mismo ha sucedido con la policía. Y en cierto sentido, sucedió con la responsabilidad fiscal, reclamada durante años por Catalunya en solitario. ¿Por qué otras comunidades autónomas no han pedido ni la policía ni las prisiones, e incluso se resistieron a asumir la sanidad?
El segundo reto es explicar al conjunto de España con la máxima claridad la situación real de la política de solidaridad. Hay sectores importantes, políticos y mediáticos, que han contribuido a crear una falsa imagen de Catalunya y la idea de que la política de solidaridad es de duración indefinida, o de carácter inmutable.
Un nuevo Estatut que no afrontase seriamente estas dos cuestiones sería un mal Estatut. Podría ser incluso contraproducente.
¿Cabe esperar que este doble reto se afronte? ¿Y cabe esperar que no se repita la operación de siempre, consistente en que el partido de la oposición - ahora el PP y tiempo atrás, en algún momento, el PSOE- explote el asunto en términos partidistas?
A estas alturas no sabemos si habrá o no habrá nuevo Estatut de Catalunya. Pero en cualquier caso es imperativo entrar a fondo, sin subterfugios por parte de nadie - tampoco de Catalunya-, en una discusión franca sobre estos dos temas. Porque lo que sí sabemos es que estamos sumergidos en un clima de confrontación y de recelo que a estas alturas - 26 años después del primer Estatut- entre todos debiéramos haber sido capaces de superar.
JORDI PUJOL, ex presidente de la Generalitat de Catalunya
